8/3/18

El gobierno abierto: una oportunidad para los ciudadanos


La reciente tendencia de las principales administraciones del mundo occidental de poner en marcha iniciativas y mecanismos para hacer posible el llamado gobierno abierto evidencia, a mi modo de ver, la creciente demanda que existe por parte de los ciudadanos de solicitar a sus gobierno una mayor transparencia, agilidad, rigor y profesionalidad en la gestión de los asuntos públicos, aquellos que afectan y no pocas veces condicionan, la vida del conjunto de los ciudadanos.
A partir del año 2019 el gobierno abierto tendrá una nueva ocasión más para poner en valía estas cualidades con la entrada en vigor de la reforma contemplada en la Ley 27/2011, de 1 de agosto y en la posterior Ley 23/3013, de 23 de diciembre con la introducción del llamado Factor de Sostenibilidad para el cálculo y revalorización de las pensiones. Este factor, que modificará dicho cálculo y revalorización de las pensiones públicas requerirá un "esfuerzo sustancial de transparencia", tal como se especifica en el Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad, de 7 de junio de 2013.
Dicho Factor de Sostenibilidad, compuesto por el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) y el Factor de Revalorización Anual (FRA), "debe ser aplicado con transparencia y explicado con sencillez a todo aquel ciudadano que se quiera interesar por ello. La Seguridad Social debe recoger, en espacios específicos dedicados a dicho factor, todo el conjunto de datos que interactúan en las fórmulas. Debe, pues, publicar el seguimiento sistemático de la esperanza de vida, de los ingresos, de los gastos, del número de pensiones y del efecto sustitución. Debe facilitar la aplicación de la fórmula. Debe crear un índice basado en la aplicación sistemática del factor de revalorización, que sirva como elemento indiciario de la revalorización esperable en el momento que finalmente se marque para efectuar dicha revalorización. Los pensionistas deben tener una referencia a la que acudir, como la tienen hoy con el IPC. La revalorización debe comunicarse individualmente de una forma sencilla y comprensible. Las predicciones a futuro usadas en el factor deben ser publicadas por la Seguridad Social, con inclusión de sus supuestos y metodologías, para que puedan ser adecuadamente juzgadas y valoradas. Y, por último, esas previsiones deben ser contrastadas por la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal", tal como se refleja en el mencionado informe. Es decir las administraciones públicas tendrán que aplicar los principios del gobierno abierto de forma plena y eficaz.

Con todo, esta dinámica del gobierno abierto es especialmente relevante en otro aspecto que considero importante y es que por primera vez abre la posibilidad, la oportunidad y propicia la ocasión para que, usando las herramientas, mecanismos y posibilidades que aparecen con el mismo, podamos exigir colectiva o individualmente el cumplimento de las promesas que los partidos políticos hacen a los ciudadanos durante las campañas electorales. Esta exigencia debería hacerse a todos los actores políticos que intervienen en las campañas electorales pero, fundamentalmente, a los que les corresponde la responsabilidad de gobernar una vez celebradas las elecciones.
No se trata ya solo de que la gestión sea eficiente, transparente y profesional, aspectos que por otra parte deben darse ya por habituales e incluso rutinarios, sino de que dicha gestión responda fielmente a los compromisos asumidos y a las promesas establecidas durante las campañas electorales. En este sentido el gobierno abierto debiera asumir una serie de prácticas que dotasen a la ciudadanía de mecanismos de corrección o castigo para aquellos gobernantes y partidos que incumpliesen de forma grosera sus promesas y compromisos electorales, defraudando gravemente la confianza de sus votantes.
Es hora ya de acabar con la vieja cantinela de que "los programas están diseñados para no ser cumplidos".






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