La transparencia: una premisa básica del Gobierno Abierto

Según la RAE, un gobierno transparente es un gobierno claro, evidente, que se comprende (se entiende su acción de gobierno) sin duda ni ambigüedad.
La transparencia forma parte de los cinco grandes ejes del compromiso de los Gobiernos Abiertos que son: colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación.

La transparencia es la cualidad más importante del Gobierno Abierto no en vano se relaciona estrechamente con el proceso de canalizar la publicación de la información en poder de los gobiernos y las administraciones públicas. Para ello, en su día, se ideó la construcción de un portal web que recibió el nombre de Portal de Transparencia.

Tal como se recoge en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la implantación de una cultura de transparencia impone la modernización de la Administración, la reducción de cargas burocráticas y el empleo de medios electrónicos para facilitar la participación, la misma transparencia y el acceso a la información.

En la mencionada ley se extiende la transparencia a toda la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas.

En definitiva reforzar la transparencia de la actividad pública debe ser un objetivo irrenunciable a cualquier gobierno que desarrolle su acción bajo el paraguas del concepto de gobierno abierto.

Traté de visualizar estas ideas, y algunas otras, en la infografía que presento a continuación:

Educar en los valores del Gobierno Abierto

La educación es nuestra esperanza, nuestra mejor herramienta para intentar cambiar lo que en el ámbito que nos rodea y en el que actuamos y nos relacionamos nos enoja, nos entristece, nos deprime, nos irrita. Cierto que cada uno de nosotros tendrá diferentes elementos, objetos y sucesos como causantes de aquellos estados de ánimo que responden ciertamente a hechos y acontecimientos vividos y por tanto subjetivos, pero un común denominador se impone si pensamos y actuamos como colectivo humano, como sociedad, aunque solo sea por mera supervivencia y, ahí, las características y cualidades del Gobierno Abierto (participación, colaboración, transparencia) pueden ayudar a definir objetivos y ser útiles para desarrollar un enfoque educativo que sea capaz de transformar la sociedad. Y esta transformación es una tarea urgente pues son muchas las amenazas que nos acechan: económicas, demográficas, ambientales ...
Hagamos un recuento  para visualicemos el alcance y la magnitud de tales amenazas:

• Cambio climático y contaminación ambiental sin fronteras (lluvia ácida, efecto invernadero, chatarra espacial, contaminación lumínica, acústica, visual...)
• Agotamiento y destrucción de los recursos naturales
• Urbanización creciente, desordenada y especulativa
• Destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad
• Disminución de la diversidad cultural debido al fenómeno de la globalización
• Crecimiento económico acelerado y consumo desaforado
• Explosión demográfica
• Desequilibrios y desigualdad creciente generadores de conflictos, guerras, migraciones masivas, violencia...
• Choque de civilizaciones con manifestaciones de acciones terroristas 
• Creciente globalización y mundialización con la aparición de empresas de dimensión transnacional de enorme poder e influencia, proliferación de paraísos fiscales y surgimiento de mafias.
• Pérdida de calidad de la democracia

Así que afirmamos que la educación es la mejor herramienta para lograr el cambio, para formar ciudadanos libres y conscientes de los avatares del mundo que les toca vivir y, sin embargo, nunca la educación estuvo tan amenazada por intereses ajenos a su verdadera función y finalidad, que debe ser por fuerza liberadora, emancipadora y humana. Necesitamos educar en libertar para facilitar el desarrollo y evolución de mentes abiertas, críticas, responsables, reflexivas, que piensen en si y para si. Con valor y conocimiento para que afronten de forma colectiva los numerosos problemas que amenazan a nuestra civilización que, por primera vez en la historia, soporta un riesgo real de colapso y destrucción.
Los valores que rigen el Gobierno Abierto aplicados al ámbito educativo deben ser usados para mostrar que el crecimiento económico no puede ser el único dogma de la sociedad actual y que la experiencia vital no debiera consistir tanto en buscar un camino al prestigio, a la riqueza y a felicidad inexistente como de asegurar a todos los ciudadanos un goce sereno y armónico de la vida en comunidad, en ausencia de dolores y fatigas y fomentando la solidaridad, la frugalidad y el respeto mutuo.

El gobierno abierto: una oportunidad para los ciudadanos

La reciente tendencia de las principales administraciones del mundo occidental de poner en marcha iniciativas y mecanismos para hacer posible el llamado gobierno abierto evidencia, a mi modo de ver, la creciente demanda que existe por parte de los ciudadanos de solicitar a sus gobierno una mayor transparencia, agilidad, rigor y profesionalidad en la gestión de los asuntos públicos, aquellos que afectan y no pocas veces condicionan, la vida del conjunto de los ciudadanos.
A partir del año 2019 el gobierno abierto tendrá una nueva ocasión más para poner en valía estas cualidades con la entrada en vigor de la reforma contemplada en la Ley 27/2011, de 1 de agosto y en la posterior Ley 23/3013, de 23 de diciembre con la introducción del llamado Factor de Sostenibilidad para el cálculo y revalorización de las pensiones. Este factor, que modificará dicho cálculo y revalorización de las pensiones públicas requerirá un "esfuerzo sustancial de transparencia", tal como se especifica en el Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad, de 7 de junio de 2013.
Dicho Factor de Sostenibilidad, compuesto por el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) y el Factor de Revalorización Anual (FRA), "debe ser aplicado con transparencia y explicado con sencillez a todo aquel ciudadano que se quiera interesar por ello. La Seguridad Social debe recoger, en espacios específicos dedicados a dicho factor, todo el conjunto de datos que interactúan en las fórmulas. Debe, pues, publicar el seguimiento sistemático de la esperanza de vida, de los ingresos, de los gastos, del número de pensiones y del efecto sustitución. Debe facilitar la aplicación de la fórmula. Debe crear un índice basado en la aplicación sistemática del factor de revalorización, que sirva como elemento indiciario de la revalorización esperable en el momento que finalmente se marque para efectuar dicha revalorización. Los pensionistas deben tener una referencia a la que acudir, como la tienen hoy con el IPC. La revalorización debe comunicarse individualmente de una forma sencilla y comprensible. Las predicciones a futuro usadas en el factor deben ser publicadas por la Seguridad Social, con inclusión de sus supuestos y metodologías, para que puedan ser adecuadamente juzgadas y valoradas. Y, por último, esas previsiones deben ser contrastadas por la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal", tal como se refleja en el mencionado informe. Es decir las administraciones públicas tendrán que aplicar los principios del gobierno abierto de forma plena y eficaz.

Con todo, esta dinámica del gobierno abierto es especialmente relevante en otro aspecto que considero importante y es que por primera vez abre la posibilidad, la oportunidad y propicia la ocasión para que, usando las herramientas, mecanismos y posibilidades que aparecen con el mismo, podamos exigir colectiva o individualmente el cumplimento de las promesas que los partidos políticos hacen a los ciudadanos durante las campañas electorales. Esta exigencia debería hacerse a todos los actores políticos que intervienen en las campañas electorales pero, fundamentalmente, a los que les corresponde la responsabilidad de gobernar una vez celebradas las elecciones.
No se trata ya solo de que la gestión sea eficiente, transparente y profesional, aspectos que por otra parte deben darse ya por habituales e incluso rutinarios, sino de que dicha gestión responda fielmente a los compromisos asumidos y a las promesas establecidas durante las campañas electorales. En este sentido el gobierno abierto debiera asumir una serie de prácticas que dotasen a la ciudadanía de mecanismos de corrección o castigo para aquellos gobernantes y partidos que incumpliesen de forma grosera sus promesas y compromisos electorales, defraudando gravemente la confianza de sus votantes.
Es hora ya de acabar con la vieja cantinela de que "los programas están diseñados para no ser cumplidos".